INTRODUCCIÓN. La responsabilidad de EAJ-PNV

I. La sociedad vasca busca caminos de paz.

1. Una nueva oportunidad
· Factores propiciadores de paz
· El valor de la sociedad
· Por una paz justa
· Una responsabilidad de todos
· Una victoria de todos
· Un programa de reconciliación
· El reconocimiento y la reparación a las víctimas
· La hora de la política

2. Valores ya asumidos
· Nuestro compromiso ético y cívico frente a la violencia
· Naturaleza del conflicto en Euskadi
· La lucha democrática contra la violencia
· El valor de la paz
· Buscando una salida democrática
· El Pueblo Vasco tiene derecho a la paz
· La convivencia política es el reto.

3. El comienzo del final de la violencia
· La llave del proceso
· La renuncia a tutelar el proceso político
· Una valoración compartida sobre el cese de la violencia
· Política penitenciaria y reinserción al servicio de la paz
· Compromisos para la construcción de un proceso de paz.

II. Una oportunidad para la normalización política.

1. Para posibilitar un acuerdo político.
· Los marcos actuales y futuros de la convivencia
· Un acuerdo que descanse en la aceptación de las reglas de la democracia
· Un acuerdo que respete el pluralismo de la sociedad vasca
· Hacia un escenario de acuerdo
· El derecho a la decisión y el compromiso con el pacto
· Un compromiso para que sea respetada la decisión de la sociedad vasca
· Una concepción democrática de la territorialidad

2. La mesa del diálogo y el acuerdo para la normalización política.
· Compromisos para el acuerdo.
· Cuándo, quiénes y dónde
· Sobre las dos mesas.

3. Naturaleza y condiciones de la consulta
· Dar la palabra a los ciudadanos
· Las condiciones de la consulta


INTRODUCCIÓN. La responsabilidad de EAJ-PNV

Presentamos este documento con una vocación inequívoca de servicio al país y un gran anhelo de paz. Nos anima el compromiso de desarrollar la iniciativa política que las mujeres y los hombres de EAJ-PNV aceptamos en esta encrucijada histórica con la conciencia de que la sociedad vasca, que nos ha confiado el liderazgo político en Euskadi, nos exige a los dirigentes de EAJ-PNV un especial ejercicio de responsabilidad y flexibilidad, convicciones claras, talento negociador, diplomacia y humildad. Y nos exige, especialmente, tomar la iniciativa, presentando los proyectos propios y ayudando a conciliarlos con los restantes para lograr un acuerdo aceptable para todos, con la implicación y el compromiso de los agentes sociales. Somos conscientes de la importancia de la tarea y de la responsabilidad que asumimos así como de los riesgos que entraña. Pero nos traicionaríamos a nosotros mismos y, lo que es mas grave, a esa gran parte de la sociedad vasca que ha depositado su confianza en nosotros, si nos inhibiéramos para evitar el vértigo de la propia responsabilidad. Asumimos el reto con la mirada puesta en un futuro de paz y de normalización política para nuestro pueblo.

Euskadi ansía la paz y aspira a conseguir, además, la normalización política. Llevamos demasiado tiempo inmersos en un profundo contencioso. Un contencioso político que ha ido alimentando en nuestra sociedad una profunda insatisfacción colectiva a la que hemos de dar una salida digna, con la participación de todos. EAJ-PNV, que nace como expresión política de ese conflicto, tiene memoria histórica para abordarlo. Nuestro partido surge hace 110 años con el objetivo de la pervivencia de Euskadi como nación diferenciada y la recuperación de su soberanía, después de que se nos privara de nuestro régimen foral en el siglo XIX. Desde entonces, generaciones de vascos y vascas han sufrido las consecuencias de este conflicto político. Personas que han padecido la guerra, la cárcel, el exilio o la persecución política y la penuria económica, tan solo por defender la democracia, la libertad y la causa nacional de Euskadi.

Desgraciadamente, la causa vasca también ha sido utilizada cruelmente contra la propia sociedad vasca: apelando a su libertad se ha matado, extorsionado y violentado dentro de nuestro País y fuera del mismo, tiñendo de sangre y oprobio la causa nacional vasca.

Tanto aquellas personas que por defender la democracia y la libertad de Euskadi sufrieron la represión, como quienes han sido víctimas de la violencia y el terrorismo, nos interpelan y nos piden una solución para la Euskadi de hoy, para la Nación Vasca del siglo XXI. Y ponemos el énfasis en una solución y no en la solución pues, seguramente, ni existe la solución para siempre, ni siquiera ésta es única.

Constituimos una sociedad moderna, en transformación, inmersa en espacios más amplios. Ése es el marco en el que debemos buscar un acuerdo que siente las bases para la paz y la convivencia, y que posibilite que la sociedad vasca de hoy decida su estatus político y social. Un acuerdo abierto, moderno, que incluya las fórmulas de respeto a la voluntad de la sociedad vasca expresada por los mecanismos usuales en las democracias avanzadas y que, al mismo tiempo, comprenda las realidades supranacionales que nos circundan y con las que debemos interrelacionarnos para construir, solidariamente, un futuro mejor.

I. La sociedad vasca busca caminos de paz

1. Una nueva oportunidad.

Factores propiciadores de paz. Entre los elementos que han contribuido a dibujar y a vislumbrar un final definitivo para la violencia en Euskadi, señalamos los siguientes:

- determinados cambios en la sociedad vasca, cambios en su mentalidad, sensibilidad y concienciación, sin olvidar las diversas expresiones pacifistas, la movilización a favor de las víctimas y la aportación de los diferentes foros de diálogo;
-procesos sociales que tienen que ver con el cambio generacional, la consolidación del Estado de bienestar o los nuevos valores de la juventud, que hacen de la violencia una extravagancia dramática;
- la irreversibilidad del rechazo de la violencia por parte de la mayoría de la sociedad vasca, incluidos amplios sectores del propio entorno social de ETA, muchos de los cuales cuestionan al menos su utilidad pragmática;
- la declaración del Kursaal como catalizador del clamor de nuestro pueblo a favor de la paz y de su apuesta mayoritaria por la construcción nacional y social de Euskadi, y cuyos principios constituyeron las bases de la Propuesta de Nuevo Estatuto aprobada por mayoría absoluta en el Parlamento Vasco el 30 de diciembre de 2004.
- la gestión del autogobierno llevada a cabo por el Gobierno Vasco, por lo que supone de asentamiento institucional de la identidad nacional vasca, así como la tarea desarrollada desde las instituciones para deslegitimar éticamente el ejercicio de la violencia;
- el cambio de gobierno en Madrid, que supone el final de una etapa de enfrentamiento y la perspectiva de una política basada en el diálogo y en el respeto a la pluralidad;
- algunos elementos de la Declaración de Anoeta, suscrita por toda la izquierda abertzale y en la que se excluye a ETA de la interlocución para lograr una acuerdo para la convivencia política;
- la declaración de Downing Street, los acuerdos de Stormont y el proceso de paz en Irlanda, que han puesto en vías de resolución un conflicto de características similares al nuestro;
- el efecto sobre ETA del llamado terrorismo internacional, a partir del 11-S. Este atentado provocó, por un lado, una especial sensibilidad y rechazo ciudadano, al tiempo que se fortalecía el espacio judicial y policial compartido en Europa y en todo el mundo;
- el largo periodo sin atentados mortales;
- la coyuntura política tras las últimas elecciones al Parlamento Vasco, en la cual hemos de tomar en consideración que:
- Nadie quiere ni debe ser excluido de las grandes decisiones que afectan a la sociedad.
- Se requieren soluciones integradoras, articuladas desde la centralidad y el entendimiento.

El valor de la sociedad. Especialmente importante para la creación de este clima político ha sido la madurez de nuestra sociedad. Como señala el Acuerdo de Coalición entre EAJ-PNV/EA y EB-Berdeak, "la inmensa mayoría de la sociedad vasca rechaza la violencia y el terrorismo como instrumentos de acción política, asume el compromiso de solidaridad con las víctimas y apuesta por el diálogo y el respeto como método para la solución de los conflictos".

Buena parte de este clima se debe a factores que van más allá de la coyuntura o de las actuaciones de una legislatura, e incluso de la tarea de un gobierno o un partido aisladamente. La violencia es un problema que sólo puede ser adecuadamente resuelto entre todos, aunque con diferentes implicaciones y grados de responsabilidad. Quien no lo tenga así de claro difícilmente podrá comprender por dónde está la solución.

Por una paz justa. Entre todos hemos abierto el horizonte de una paz justa, "en un marco de dignidad y libertad", como decía el EBB en el comunicado dado a conocer con ocasión del primer aniversario de la ruptura del denominado alto el fuego de ETA[1]. Una paz justa que será una victoria ciudadana, es decir, una ocasión para reparar, reconciliar y cohesionar a una sociedad cuyas convicciones democráticas (no-violencia y diálogo sin exclusiones) son el principal instrumento de pacificación. La sociedad vasca ha lanzado un mensaje muy claro: la paz debe construirse entre todos, sin dogmatismos ni bloqueos estériles. Se abre una oportunidad que debe ser aprovechada con inteligencia, modestia y desde la cooperación de todos.

Una responsabilidad de todos. Tenemos por delante un camino que hemos de recorrer con ilusión, aunque sin ingenuidad o excesivo voluntarismo, porque hemos aprendido de los aciertos y de los errores propios y ajenos. Nadie tiene la fórmula mágica ni debe excluir a otros. En un proceso de paz ETA y el Estado no son los únicos agentes, ya que la construcción de la paz es una tarea social que implica a muchos agentes políticos y sociales imprescindibles para llevar a buen término el proceso de paz y de reconciliación.

Asumimos legítima y responsablemente como EAJ-PNV el papel que nos corresponde, de acuerdo con la confianza que miles de ciudadanos vascos han depositado en nosotros y aspiramos a ser un referente fundamental en la construcción de una paz justa y duradera para nuestro pueblo.

Una victoria de todos. Durante estos años, hemos trabajado con honestidad y con sinceridad para que el problema de la violencia quedara fuera del tráfico partidista. Ahora debemos conseguir que el éxito de un proceso de paz sea una victoria de todos.

Un programa de reconciliación. El daño causado por la violencia es de tal envergadura que la normalización de la vida social no será completa incluso desaparecida ésta, porque quedan heridas en las personas y en el tejido social. Desde esta perspectiva se entiende la absoluta necesidad del Plan integral a favor de la Paz y la Reconciliación, comprometido por el tripartito vasco porque "es preciso militar en la cultura de la paz, lo que significa, además de rechazar la violencia, vivir e interiorizar referencias éticas como el respeto a los derechos humanos, individuales y colectivos, la igualdad, la solidaridad, la justicia social, el respeto a la diversidad y la defensa activa de las libertades civiles y políticas"[2].
EAJ-PNV asume la responsabilidad que pueda corresponderle a la hora de conseguir este objetivo. Para ello, "tendremos que regenerar la confianza perdida que haga posible emerger en nuestra sociedad el espíritu de autocrítica, la humildad para pedir perdón y la generosidad para perdonar"[3]. Ésta es una tarea que no puede ser realizada únicamente por las instituciones sino que requiere del compromiso activo de los partidos políticos y de los agentes sociales.

El reconocimiento y la reparación a las víctimas. Las víctimas del terrorismo y la violencia ocupan un lugar central en el Plan de Paz y de Reconciliación a impulsar entre todos porque, más allá de la solidaridad personal, es imprescindible hacer constar el reconocimiento social del sufrimiento injustamente padecido; sin él, no será posible que la deseable reconciliación se abra paso entre nosotros. EAJ-PNV apoya, en este sentido, las resoluciones impulsadas por la Comisión de Derechos Humanos y aprobadas por el Pleno del Parlamento Vasco en junio de 2004.

La hora de la política. En el Acuerdo de Coalición del actual Gobierno Vasco se declara que "Iniciamos una nueva etapa. Tenemos una nueva oportunidad. Ya nadie puede mirar para otro lado. La sociedad vasca no se lo perdonaría. Ha llegado el tiempo de la Política con mayúsculas. Y para que se escuche a la Política tienen que callar las armas. No estamos hablando de establecer condiciones previas al diálogo, simplemente planteamos dos premisas compartidas por la mayoría de las fuerzas políticas. La primera es que para solucionar el terrorismo es preciso abordar la raíz de los conflictos. Y la segunda es que la Paz no tiene precios políticos, pero la Política puede hacer mucho por la Paz". Reivindicamos esta apuesta frente a la imposición, el fanatismo, el inmovilismo o la falta de imaginación, conscientes de que la política sólo es instrumento de pacificación cuando se practica sin dogmatismos ni esquemas cerrados, con esa disposición al compromiso y al acuerdo integrador que está en nuestra mejor tradición.

2. Valores ya asumidos

Nuestro compromiso ético, político y cívico frente a la violencia. Las expectativas de pacificación que ahora se abren son posibles porque, de hecho, la sociedad vasca y las instituciones democráticas han demostrado su fortaleza y superioridad frente a la violencia. Es la victoria de los principios éticos, aun cuando queda, sin duda, un trabajo delicado por hacer.

Resulta ineludible, en estos momentos que preceden a lo que puede ser el final definitivo de la violencia, dejar constancia del profundo error político y del daño moral que el terrorismo ha causado a tantas personas y a la causa nacional vasca, de su falta de legitimidad, su torpeza política y su absoluta inmoralidad. La pacificación será definitiva cuando, junto con las armas, cese también el esquema impositivo que trata de justificarlas, el de que todo vale para conseguir determinados objetivos políticos. El planteamiento "no a la violencia"/"sí al diálogo", es decir, la apuesta por la paz y por las vías democráticas no exige a nadie la renuncia a sus propias aspiraciones políticas.

Naturaleza del conflicto en Euskadi. En Euskadi existe un viejo conflicto político sin resolver -anterior por cierto a la violencia de ETA- a interpretar en clave de no-aceptación de un sujeto político con derecho a decidir, cuya resolución requiere un juego complejo de acuerdos políticos y respeto democrático a la voluntad de la ciudadanía vasca. Este conflicto no puede ser interpretado según las claves de ETA, dando a entender que el proceso estatutario ha sido ilegítimo, que el recurso a la violencia tiene una explicación que lo justifica, aunque la historia de la transición, el propio texto constitucional o el desarrollo autonómico dejen para nosotros mucho que desear. ETA no respetó ni el consenso mayoritario de la sociedad vasca en torno al Estatuto, ni respetó la palabra del Pueblo Vasco que dice defender. El conflicto de identidades y el de la violencia son dos cosas distintas; el terrorismo no es consecuencia natural de un conflicto político. Y es inaceptable que su persistencia sea utilizada para ignorar o negar la existencia de un conflicto de naturaleza política o "profundo contencioso vasco"[4] que es necesario abordar con detenimiento. Por eso mismo, nuestro compromiso ético, político y cívico no anula nuestra determinación por tratar de dar una salida dialogada al conflicto político que arrastramos.

La lucha democrática contra la violencia. En esta encrucijada llena de oportunidades de paz y de reconciliación, aunque no exenta de amenazas, nuestras convicciones democráticas y un sentido humanista de la política y de la justicia nos obligan a recordar que no todo vale tampoco en la lucha contra el terrorismo. Denunciamos, en este sentido, los graves excesos cometidos por las instituciones del Estado. En la lucha contra ETA se han cometido violaciones de derechos intentando acabar con ella desde los propios poderes del Estado, empañando gravemente el sistema democrático. La necesaria reconciliación social tampoco sería posible sin la denuncia de los graves atentados cometidos por el Batallón Vasco-español, el GAL, los "errores" judiciales, y sin el reconocimiento y reparación a sus víctimas.

En los últimos años se ha llegado a tocar las fibras más sensibles del sistema democrático, precisamente aquellas que dan cuenta de su calidad: se han ilegalizado partidos, se han cerrado periódicos, se ha encarcelado preventivamente a gente pacífica e inocente, se ha laminado la separación de poderes y se ha utilizado la excusa de ETA para ir contra el nacionalismo vasco democrático y las instituciones vascas de manera implacable, injuriosa y antidemocrática.

Las actuaciones contra-democráticas de la "era Aznar" con la anuencia del PSOE y, sobre todo, sus consecuencias, algunas de las cuales todavía continúan en vigor, deben ser definitivamente superadas en aras a recuperar la normalización de las relaciones sociales y políticas en Euskadi.

El valor de la paz. En el momento actual, todas las formaciones políticas asumen que una paz justa ha de basarse en el principio de que, en democracia, las decisiones están únicamente en manos de la ciudadanía. Lo contrario sería éticamente reprobable, socialmente inaceptable y políticamente contradictorio. Un proceso de paz debería ser "entendible, asumible y plausible para la opinión pública democrática"[5]. Cuando hemos defendido un final dialogado de la violencia lo hemos hecho desde la experiencia histórica de que este tipo de conflictos termina en una fase de diálogo y acuerdo, algo bien distinto que conceder a una organización armada un derecho de decisión que sólo compete a los vascos y a las vascas.

El Pacto de Ajuria Enea constataba ya en 1988 que la persistencia del terrorismo no podía servir ni como disculpa para frenar el desarrollo del Estatuto ni como argumento para acceder a mayores cotas de autogobierno que las democráticamente aprobadas. La necesidad de separar el final de la violencia y el del conflicto político tiene su origen en considerar que el conflicto no es la causa que explica la persistencia de la violencia, sino la consecuencia de que el actual marco jurídico-político no satisface a una parte muy importante de la ciudadanía vasca. Por esto último, es necesario abrir un diálogo entre los representantes de la voluntad popular con la vista puesta en el objetivo de alcanzar un acuerdo político de amplia base social. "Por eso, cualquier Acuerdo de Normalización debe contemplar el principio democrático de que la sociedad vasca tiene derecho a ser consultada sobre su propio futuro, en un escenario de ausencia de violencia y sin imposiciones, así como el respeto a la pluralidad y el compromiso con el pacto, desde el reconocimiento mutuo. A este respecto, entendemos que un Acuerdo de Normalización tiene que encontrar su cauce de expresión en un modelo concreto de autogobierno político y de construcción social de Euskadi, y de un marco jurídico de relación con el Estado"[6].

Buscando una salida digna y democrática. Un final dialogado significa salida democrática, apelación a todas las posibilidades que permita el ordenamiento jurídico, de manera que perciban sus virtualidades abiertas, de no cerrar caminos. La propuesta de constituir dos mesas de diálogo tiene el valor de poner en marcha un proceso, cuya iniciativa y decisión están en manos de los representantes políticos legítimos y, finalmente, de la sociedad vasca. Nuestras decisiones futuras, los acuerdos políticos a los que los representantes políticos pudiéramos llegar, no estarán condicionadas por una ETA que no ha sido capaz de aceptar ni la voluntad mayoritaria de los vascos ni la legitimidad democrática de las instituciones que nos hemos dado. Desde esas consideraciones, tenemos la certeza de que la ciudadanía vasca está dispuesta a trabajar e impulsar con generosidad las vías para hacer posible la paz y la reconciliación.

El pueblo vasco tiene derecho a la paz. La paz supone la consolidación de escenarios de justicia y respeto a los derechos humanos. La paz comienza con la ausencia de violencia, la cual depende de quienes la practican en sus diferentes formas. La paz es, asimismo, reparación social del injusto sufrimiento que la violencia y el terrorismo han causado a tantos y tantos conciudadanos. La paz supone también acabar con el sufrimiento que afecta a muchas personas del propio mundo de ETA. La paz, para que sea justa y duradera, debe conllevar necesariamente la reconciliación, que requiere grandes dosis de generosidad por parte de quienes más han sufrido y del conjunto de la sociedad.

Ningún proyecto político puede ser esgrimido como condición para la paz, sencillamente porque, por encima de cualquier proyecto político concreto, se sitúan las decisiones y la voluntad de los vascos, decisión y voluntad que están en el origen de los marcos institucionales actuales, que deben ser respetados, al igual que en el futuro habrán de serlo las diferentes fórmulas de territorialidad o los proyectos de convivencia política, desde el respeto a la voluntad de la sociedad vasca.

La convivencia política es el reto. De acuerdo con los principios humanistas y democráticos que han presidido siempre la actuación de EAJ-PNV, consideramos que la convivencia y la cohesión de la sociedad vasca constituyen un reto importante de nuestra acción política. Y ello, no sólo por nuestro compromiso con la construcción social de Euskadi, sino por la dimensión nacional que comporta, en sí misma, en un proceso de construcción identitaria de la Nación Vasca como comunidad, como sujeto político colectivo.

No es posible construir una nación cohesionada e integrada ni sobre el enfrentamiento entre identidades ni sobre la imposición de un proyecto ajeno a la voluntad de la sociedad vasca, expresada mediante una consulta libre y democrática en un escenario de ausencia de violencia. En este sentido, los conflictos de derechos, de valores y de intereses entre unas y otras identidades en juego son permanentes e inevitables, y de lo que se trata es de establecer compromisos y acomodos viables entre las partes. El valor del pluralismo de la sociedad vasca es, en este contexto, no un mal menor, sino un elemento consustancial, enriquecedor y positivo de nuestra sociedad.

3. El comienzo del final de la violencia.

La llave del proceso. Desde la consideración de la radical incompatibilidad entre política y violencia, EAJ-PNV plantea, como exigencia democrática, que el diálogo resolutivo para el final del proceso no sea consecuencia de la violencia, sino de su cese.

La resolución aprobada en el Congreso de los Diputados por todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, en mayo de 2005, recogiendo literalmente el punto 10 del Acuerdo de Ajuria Enea declaraba que "si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad para poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular...".

Recientemente, en su Discurso de Investidura, el Lehendakari afirmaba que "a ETA le corresponde dar el paso decisivo y manifestar, de forma clara e inequívoca, su voluntad de poner fin a la violencia. A los partidos vascos nos corresponde asumir nuestra responsabilidad y comprometernos ante la sociedad vasca a alcanzar un "Acuerdo de Normalización Política" sobre las cuestiones que constituyen la raíz del conflicto político".

La renuncia a tutelar el proceso político. El respeto a lo que las vascas y vascos, representados por sus fuerzas políticas y directamente a través de una consulta, decidan es incompatible con la vigilancia o el condicionamiento que pretenda ejercer una organización armada. Los partidos políticos y las instituciones representativas son los únicos encargados de garantizar el carácter democrático del proceso, con la consiguiente negociación resolutiva sin imposiciones, desde el respeto a la pluralidad, situando todos los proyectos en igualdad de condiciones de consecución y depositando en la ciudadanía la última palabra.[7]

Una valoración compartida sobre el cese de la violencia. El nuevo tiempo político nos exige compartir criterios y valoraciones sobre la validez del abandono de la violencia. Entendemos necesaria una definición pactada entre los partidos políticos acerca del abandono de la violencia y una verificación compartida de su autenticidad.

Política penitenciaria y reinserción al servicio de la paz. En democracia, las personas presas son acreedoras de derechos básicos que los poderes públicos tienen el deber de respetar y proteger en toda circunstancia. Si algo caracteriza al Estado de Derecho en el ámbito de su política penitenciaria, es que siempre está orientada a la reinserción social. Y, en ese sentido, una aplicación flexible del código penal, el cumplimiento de las penas en cárceles próximas a los domicilios de las personas privadas de libertad, la consideración de sus familiares y allegados como potenciales agentes de paz y de reconciliación y, en ningún caso, como personascolateralmente culpables, son, hoy mas que nunca, elementos imprescindibles al servicio de la pacificación. Ello no requiere de ninguna condición previa. Es, por lo tanto, el momento de dar, definitivamente, una nueva orientación, consensuada, dinámica y flexible a la política penitenciaria y reiteramos el compromiso de EAJ-PNV con este reto. En cualquier caso, se trata de algo que a nuestro juicio ya debería haberse hecho en el pasado, de acuerdo con las resoluciones aprobadas por el Parlamento Vasco en 1997 y por el Congreso de los Diputados en 1998.

Compromisos para la construcción de un proceso de paz. Constituye un objetivo prioritario para EAJ-PNV el poner fin a la violencia y garantizar en Euskal Herria la no-vulneración de los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Para el logro de dicho objetivo resulta imprescindible:

- Apoyar la utilización de todos los medios democráticos para garantizar la seguridad, la libertad y la vida de las personas y para prestar apoyo y solidaridad a las personas amenazadas y a las víctimas.
- Promover la movilización social contra la violencia y en defensa de la vida, de todos los derechos fundamentales de todas las personas y defender una cultura de los derechos humanos sin excepciones, basada en la dignidad inalienable de las personas, que proteja y preste especial atención a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
-Desarrollar políticas de distensión, comunicación y conciliación política y social que permitan superar toda forma de amenaza, incomunicación, exclusión o sectarismo.
Y desde la perspectiva de la defensa de los derechos y libertades fundamentales:
- Contribuir a recomponer las libertades democráticas, los derechos fundamentales y las garantías básicas de un Estado de Derecho.
· Apoyar la utilización de todos los medios políticos, jurídicos e institucionales para defender los principios democráticos y reestablecer las bases del sistema democrático.
- Promover la movilización social para denunciar los recortes de libertades y articular mecanismos de denuncia internacional de la situación de involución democrática.
- Impulsar medidas legislativas destinadas a reforzar las libertades democráticas, los derechos fundamentales y las garantías básicas de un Estado de Derecho.
- Adoptar iniciativas políticas para evitar la exclusión de una parte de nuestra sociedad y contribuir a impulsar procesos que permitan la participación de todos los sectores sociales en igualdad de condiciones democráticas.

Además debemos recorrer el camino de la reconciliación. Tal como dijo el Lehendakari en su discurso de investidura de 22 de junio de 2005: "Tendremos que regenerar la confianza perdida que haga posible emerger en nuestra sociedad el espíritu de autocrítica, la humildad para pedir perdón y la generosidad para perdonar. Tenemos la obligación moral de contribuir entre todos a superar el sufrimiento y a recorrer juntos el camino de la reconciliación, porque ésta será la base más sólida de nuestra convivencia como sociedad".

II. Una oportunidad para la normalización política.

1. Para posibilitar un acuerdo político.

Los marcos actuales y futuros de la convivencia. Abogamos por el respeto a la voluntad popular y por el derecho de la sociedad vasca a decidir libre y democráticamente su futuro político.

Asumimos el compromiso de alcanzar un acuerdo sobre el reconocimiento de este derecho y los procedimientos que garanticen el respeto a la decisión o decisiones de la ciudadanía vasca.

En un contexto de lealtad y sin dogmatismos, EAJ-PNV se compromete a alcanzar un pacto para el ejercicio de la libre decisión y del respeto a la voluntad de los vascos, que pueda ser compartida por las diferentes sensibilidades políticas de este país.

Un acuerdo que descanse en la aceptación de las reglas de la democracia. Proclamar el respeto a los marcos institucionales actuales, así como a la posibilidad real de su modificación, supone aceptar la legitimidad de todas las ideas y proyectos políticos que, siendo respetuosos con los derechos humanos, sean defendidos por vías democráticas. Este principio afecta tanto a los diferentes planteamientos sobre la configuración del Estado como a las formas de organización político-institucional de los vascos, porque en democracia todo debe poder llegar a ser posible. Es decir, cualquier proyecto respetuoso con la libertad y los derechos humanos no sólo debe poder ser defendido, sino que debe ser posible materializarlo siempre que cuente con el apoyo social necesario y utilice procedimientos democráticos.

Un acuerdo que respete el pluralismo de la sociedad vasca. EAJ-PNV respeta el pluralismo de la sociedad vasca. Queremos que el derecho de los vascos a decidir su futuro se conciba como un espacio de encuentro, plantearlo de manera que todos lo sientan y reconozcan como un derecho compartido. Respetar la voluntad de los vascos incluye el respeto a los diferentes sentimientos identitarios, tratando de integrarlas en un esquema de pacto y compromiso. Es el reto para los que pretendemos resolver el conflicto histórico-político vasco sin merma para la integración y la cohesión social de nuestro pueblo.

La consolidación de este discurso favorable al reconocimiento positivo de los derechos colectivos del Pueblo Vasco debe ir acompañada necesariamente de un compromiso activo por parte del Estado en favor de su plurinacionalidad[8]. Sólo así será posible superar la convicción instalada en determinados ámbitos sociales según la cual las aspiraciones nacionales vascas encierran alguna ilegitimidad democrática, convicción que se manifiesta con mayor fuerza en coyunturas como la actual que ya ha sido calificada como de segunda transición.

Hacia un escenario de acuerdo. Nuestro objetivoes alcanzar un acuerdo de normalización política que defina un modelo de convivencia, así como un marco de relaciones con el Estado en las que haya una bilateralidad efectiva, garantías y condiciones de lealtad.

El pacto y la no-imposición es el procedimiento por el que se constituyen las reglas de juego de las sociedades avanzadas. Merece la pena considerar, en este sentido, que los acuerdos de Irlanda aceptaron el principio de diferenciar el juego político de las mayorías frente al acuerdo amplio que se requiere a la hora de definir una comunidad y se formularon unas previsiones acerca de lo que habría de entenderse como el "consenso suficiente". Lo que en nuestro caso habrá de ser acordado y no fijado unilateralmente por el Estado.

El derecho a la decisión y el compromiso con el pacto. Hemos vinculado la capacidad de decidir al compromiso de pactar, al igual que lo hiciera el principio jurídico formulado por el Tribunal Supremo de Canadá y que recogió también la Propuesta de Nuevo Estatuto aprobada por el Parlamento Vasco. Estamos a favor de plantear un ejercicio de la soberanía que piense en espacios de encuentro donde las cuestiones han de resolverse de manera dialogada y pactada. La multilateralidad que las posiciones más progresistas exigen para la nueva configuración del mundo es exigible también como principio organizador de nuestras sociedades. El pacto entre vascos y con el Estado es un procedimiento que conecta, por cierto, con nuestra mejor tradición foral y sobre la que hemos construido nuestras dos experiencias estatutarias, la de 1936 y la del Estatuto de Gernika.

Un compromiso para que sea respetada la decisión de la sociedad vasca. Proponemos la asunción de este doble compromiso:

- no imponer un acuerdo de menor aceptación que los actualmente vigentes, y
- no impedir un acuerdo de mayor aceptación que los actualmente vigentes.

No imponer garantiza la aceptación, en clave de aportación social e integración política, de la voluntad de la sociedad vasca; no impedir evita el veto de las Cortes españolas. Se trata, pues, de aceptar, por principio, la fórmula más democrática y más integradora.

Una concepción democrática de la territorialidad como base para constituir un sujeto político. Los nacionalistas de EAJ-PNV trabajamos por la unión política de todos los vascos y nuestras convicciones democráticas nunca nos permitirían aceptar una modificación de las decisiones políticas que tuviera su origen en el chantaje o la imposición. Son los ciudadanos y las ciudadanas de cada uno de los diferentes territorios vascos y sus legítimos representantes los únicos que deben poder decidir sobre la posibilidad de formar una única comunidad político-institucional o sobre la articulación de cualquier otro mecanismo de relación, de modo que, en todo caso, ha de garantizarse el respeto y ejercicio efectivo de dichas decisiones, tal y como se establece en la Propuesta de Nuevo Estatuto.

EAJ-PNV aspira democráticamente a una articulación política entre los ámbitos jurídico-políticos de Euskal Herria y vamos a trabajar por ello desde la política y sin la menor imposición.

Hablar de vínculos culturales, lingüísticos o políticos comunes, no significa definir el País de una manera determinista o esencialista, ni poner al territorio por encima de sus habitantes reales, al margen de lo que decida en cada momento histórico la ciudadanía, tal como reza la Proposición sobre el Derecho de Autodeterminación del Pueblo Vasco que el Parlamento Vasco aprobó el 15 de febrero de 1990.

Hacemos también nuestro el acuerdo de la Mesa de Egino de "aceptar la capacidad de decidir de esta realidad plural que componen la Comunidad Autónoma Vasca, la Comunidad Foral de Navarra y los territorios vascos de Aquitania, siempre y cuando una mayoría clara de los ciudadanos/as de cada uno de esos ámbitos expresase, de forma también clara, su voluntad de participar en un proceso de decisión concurrente".

La voluntad de los ciudadanos de cada uno de los tres ámbitos jurídico-políticos del Pueblo Vasco debe ser respetada. A partir de aquí, es tan legítimo propugnar una estructura política común de todos los vascos como la opción libre por otra expresión institucional, diferenciada o articulada entre los diferentes territorios vascos.

Queremos explicitar con toda convicción, aunque conscientes de nuestra representación política más limitada en Nafarroa e Iparralde, el compromiso de EAJ-PNV de colaborar con el resto de fuerzas políticas y con los agentes sociales de ambos territorios con el objetivo de acordar y poner en marcha un procedimiento y una metodología de trabajo conjuntos y, consecuentemente, constituir los correspondientes foros de encuentro político y de participación social en aras a lograr un amplio acuerdo político que respete las decisiones de la ciudadanía de Nafarroa e Iparralde y, a partir del respeto a esta voluntad, posibilite la creación de órganos e instituciones comunes con el resto de territorios vascos.

2. La mesa del diálogo y el acuerdo para la normalización política.

Compromisos para el acuerdo. Para ir conformando un foro o una Mesa de partidos, necesitamos, en primer lugar, (re)construir el tejido de confianza entre las formaciones políticas vascas. El objetivo es que la propia configuración y metodología hagan irreversible o, al menos, dificulten enormemente la vuelta atrás y que vinculen progresivamente a los participantes en un compromiso por la solución. Una aportación especialmente interesante es la presentada por la Mesa de Egino, que EAJ-PNV se compromete a compartir con el resto de fuerzas políticas. En ella se proponen siete compromisos:

- el respeto a los derechos humanos,
- el respeto al pluralismo,
- el respeto a la voluntad popular,
- la aceptación de medios exclusivamente democráticos y pacíficos,
- el diálogo sin exclusiones,
- la ejecución negociada y pactada de las decisiones que se adopten, y,
- el establecimiento de medidas de arbitraje y garantías para los supuestos de desacuerdo en la interpretación y aplicación de los acuerdos que pudieran alcanzarse.

El Lehendakari, por su parte, formuló cinco principios en su Discurso de Investidura, que hacemos nuestros: los dos primeros plantean el marco de condiciones, en función de las cuales se pueden diseñar el cómo, el cuándo y el dónde; el tercero, el cuarto y el quinto se refieren más bien a los requisitos que habrían de cumplirse para estar en situación de obtener un acuerdo político verdaderamente compartido:

1. El principio de no-violencia y el compromiso de respetar los derechos humanos, utilizando, única y exclusivamente, las vías políticas y democráticas.
2. El principio de no-exclusión y el compromiso de respetar el derecho de participación de todas las sensibilidades políticas, sociales y territoriales, que quieran hacerlo.
3. El principio democrático y el compromiso de respetar la voluntad popular y el ejercicio del derecho a decidir de la sociedad vasca.
4. El principio de igualdad y el compromiso de aceptar que todos los proyectos políticos defendidos democráticamente deben encontrar las vías para la incorporación en el ordenamiento jurídico.
5. El principio de respeto a la pluralidad y el compromiso de no imponer/no impedir el ejercicio de los diferentes sentimientos identitarios presentes en la sociedad vasca.

Por último, el Acuerdo EAJ-PNV/EA/EB-Berdeak de junio de 2005 se refiere a algunos de los aspectos o contenidos que habrán de ser definidos en sus términos, debatidos y acordados en el marco de la Mesa de partidos. Son, entre otros, el reconocimiento del Pueblo Vasco como sujeto de decisión; la territorialidad; el derecho a decidir y el pacto bilateral.

EAJ-PNV quiere hacer constar su compromiso de participar activamente para llevar a buen término estas tareas y de realizar las correspondientes propuestas a debatir en la Mesa de Partidos con el objetivo de llegar a acuerdos de amplia base política y social.

EAJ-PNV aportará a este debate los planteamientos respecto a estas materias, contenidos en la Propuesta de Nuevo Estatuto. En él se recoge el consenso básico alcanzado por el tripartito (EAJ-PNV, EA y EB) en materias y conceptos tales como la naturaleza del Pueblo Vasco como sujeto político, el derecho de decisión y su ejercicio, la territorialidad, el marco de relación con el Estado y el pacto como compromiso[9].

Sobre esas bases, el Partido Nacionalista Vasco se compromete a hacer un nuevo esfuerzo de entendimiento y acuerdo. La nueva coyuntura política nos obliga, en consonancia con la tradición democrática e institucional de EAJ-PNV, a asumir de nuevo un proceso negociador que permita dirimir el encaje jurídico político de Euskadi en el futuro inmediato. Aceptamos, sin que ello suponga renuncia a las aspiraciones ideológicas y doctrinales de EAJ-PNV, el reto de alcanzar un acuerdo amplio e integrador en torno a estas materias.

Cuándo, quiénes y dónde. El primero de los cinco principios anteriormente citados condiciona las fases y el comienzo de la fase resolutiva, para lo que se requiere o bien que ETA haya cesado su actividad o bien que Batasuna y EHAK lo hayan reclamado. Es imprescindible que se den las condiciones para que en la Mesa se sienten todas las formaciones políticas y que nadie esté ausente salvo por autoexclusión, lo que no sería deseable. El máximo de participación hará que los debates sean más representativos lo que nos dará mejores oportunidades para que los acuerdos sean más integradores y estables.

Sobre las dos mesas. Diferenciar la gobernabilidad, la normalización política y la pacificación, así como también los foros correspondientes ha sido una constante en los Acuerdos suscritos por EAJ-PNV, EA y EB-Berdeak (2001 y 2005). Por su parte, Batasuna avanza también en esta dirección cuando formula su escenario de dos mesas en la Declaración de Anoeta. Y el Partido Socialista ha aceptado estos dos ámbitos de diálogo diferenciados.

El debate acerca de la simultaneidad o separación en el tiempo de las dos mesas se polariza en torno a dos opiniones extremas:

- Los eventuales acuerdos de la mesa de partidos son una cesión a la amenaza de ETA.
- Tales acuerdos han de ser adjudicados a la cuenta de resultados de ETA y en caso contrario, no habrá cierre.

En todo caso, es responsabilidad de los partidos políticos trabajar para evitar que el debate y el acuerdo en la mesa de partidos estén condicionados por otra cuestión que no sea el legítimo debate entre fuerzas de diferente grado de representación popular, de diferentes y diversos sentimientos identitarios y con diferentes proyectos políticos. La activación inicial de la mesa de paz puede ser un mecanismo que permita esa necesaria diferenciación, compatible con lo declarado en el Documento de Anoeta. Tal decisión podría defenderse en términos de garantías democráticas para el final del proceso de normalización.

3. Naturaleza y condiciones de la consulta

Dar la palabra a los ciudadanos. La consulta a la ciudadanía es una exigencia política y democrática siempre que se propone una modificación sustancial del marco de convivencia. Así es considerada en las propuestas políticas de la gran mayoría de los partidos. EAJ-PNV hace suyo el compromiso contraído conjuntamente con EA y EB-Berdeak y el propio Lehendakari en su Discurso de Investidura de junio de 2005, y se compromete a trabajar activamente por el acuerdo en la Mesa de partidos y hacer realidad la consulta. La consulta es, por lo tanto, el resultado de un proceso en el que no vamos a ahorrarnos ningún esfuerzo. No es, de ningún modo, un arma arrojadiza, ni una excusa de los partidos para delegar en la sociedad la obligación que tienen de trabajar y lograr un acuerdo. Tampoco podemos admitir ningún derecho a veto que pudiera impedir a la ciudadanía expresarse democráticamente.

Las condiciones de la consulta. Una consulta democrática debe cumplir una serie de condiciones entre las cuales las más importantes son la ausencia de violencia y de exclusiones. En su Investidura el Lehendakari lo declaró expresamente: "si alcanzamos un Acuerdo para la Normalización Política y la Convivencia, solicitaré autorización al Parlamento Vasco para que, en un escenario de ausencia de violencia y sin exclusiones, se realice una consulta popular a la sociedad vasca que ratifique el Acuerdo Político alcanzado". Y añadía: "esta autorización del Parlamento deberá incorporar, de forma pactada, los diferentes aspectos relacionados con la propia consulta, tales como la ratificación de las condiciones de ausencia de violencia y no-exclusión, los principios democráticos establecidos para la aceptación de los resultados y el procedimiento habilitador para la negociación e incorporación de los mismos en el ordenamiento jurídico". Pactar también las condiciones para llevarla a cabo es el procedimiento para asegurar su carácter integrador, un buen resultado y su viabilidad en la posterior negociación.

Nuestro objetivo ante la consulta consistirá en conseguir una mayor adhesión que la obtenida por el Estatuto de Gernika, toda vez que en Nafarroa el Amejoramiento del Fuero ni siquiera fue sometido a refrendo[10]. Esta será la piedra angular, la referencia básica para validar democráticamente el nuevo punto de encuentro para la convivencia política.

Euzkadi Buru Batzarra
2005eko urriaren 10an

NOTAS:

[1] "Pronunciamiento del EBB de EAJ-PNV con ocasión del aniversario de la ruptura del alto el fuego de ETA" (28 de diciembre de 2000).

[2] Discurso del Lehendakari en el Debate de Investidura del Parlamento Vasco de 22 de junio de 2005.

[3] Ídem.

[4] Expresión utilizada en el Pacto de Ajuria Enea.

[5] "Para un acuerdo entre los partidos de la Mesa sobre el final dialogado. Documento de Trabajo" (17 de marzo de 1998).

[6] Acuerdo de Coalición EAJ-PNV/EA/EB-Berdeak (27 de junio de 2005).

[7] Declaración de Lizarra. Claves de resolución (12 de septiembre de 1998).

[8] Ver texto de la Declaración de Barcelona de julio de 1998.

[9] Ver, por ejemplo, el Preámbulo y los artículos 1, 2, 6, 7, 10 y 13 de la Propuesta de reforma del Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, aprobada por la mayoría absoluta del Parlamento Vasco en el Pleno celebrado el 30 de diciembre de 2004.

[10] Los territorios vascos de Iparralde no disponen siquiera de instituciones propias y es una exigencia ampliamente compartida por la ciudadanía la constitución de un Departamento propio.